En 15 días se estima que llegará la reciento la ley de obligatoriedad de examenes de ADN.
Tema difícil si los hay. Y doloroso.
Sin dudas, es de carácter atroz el crimen de la apropiación de recién nacidos durante la última dictadura militar. Es entendible la necesidad de búsqueda, por parte de Abuelas y Madres, de los niños apropiados.
Es entendible, además, la necesidad de poder devolverla la identidad a aquellos niños con dudas acerca de su origen.
Así, leemos en El Argentino: "Si se sanciona la norma, la Justicia podría permitir y ordenar la recolección de elementos o pertenencias de cualquier joven que se sospeche que es hijo de desaparecidos para analizarlos y constatar su ADN, aunque la víctima no haya prestado su conformidad ".
Es la frase resaltada en negrita es la que plantea el verdadero interrogante acerca de este proyecto de ley.
Ante la no conformidad, ¿Qué derecho pesa más? ¿El derecho personal e individual a la intimidad de un supuesto hijo de desaparecidos, o el de la supuesta familia que sospecha de su identidad? Según Verbitsky, en Pásquin 12, la Corte Suprema ya se expidió, y aprobó examenes no invasivos aún cuando la víctima no haya prestado su conformidad.
Viene al recuerdo el caso de Evelyn Vazquez, quien se negó sistemáticamente a una extracción de sangre. La Corte Suprema le dió en su momento la razón, defendiendo su derecho a la intimidad. Pero se permitió el examen de ADN vía métodos alternativos a la extracción compulsiva. Finalmente se confirmó que Evelyn había sido apropiada ilegalmente, mediante el secuestro de su cepillo de dientes y ropa interior, confirmando entonces la sospecha de Abuelas.
La duda persiste. ¿Qué derecho pesa más? ¿El individual, relacionado a la intimidad, ó el derecho a la identidad por parte de la familia? Sigo dando vueltas, sin alcanzar una clara y definitiva definición.
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